¿Cómo estamos?
En Venezuela hemos vivido durante los últimos 25 años (escribo en agosto de 2024), desde el punto de vista político y jurídico, una regresión parcial al estado de naturaleza, es decir, estamos padeciendo una involución civilizatoria, con el daño moral y antropológico que implica. De una república que venía formándose, con marchas y contramarchas, desde 1811, y que había tenido grandes avances durante el siglo XX, nos encontramos hoy con espacios públicos regidos por el capricho, los compadrazgos y la voluntad cartelaria, en un forcejeo silencioso de los poderosos sin ningún tipo de previsibilidad y formalidad jurídica.
Si tenemos en cuenta las categorías conceptualizada por uno de los filósofos antropológicos más interesantes de Latinoamérica, José Manuel Briceño Guerrero, lo peor del discurso salvaje se ha impuesto sobre el discurso ilustrado y el discurso mantuano. Transmutó del simple saboteo de las instituciones republicanas, impulsado por la voracidad en la apropiación de la riqueza, al desmontaje institucional y la sustitución por el uso de la violencia policial, militar e irregular. No hay normas constitucionales ni legales (y menos, instituciones) que frenen los abusos de la oligarquía que se apoderó de las estructuras estatales, pero hay fines políticos y personalistas, con alto grado de opacidad.
La regresión al estado de naturaleza que padecemos los venezolanos, ha sido altamente destructiva tanto material como moralmente. La desconfianza y la crisis de valores en la sociedad venezolana, llamado por los sociólogos como daño antropológico, ha sido la herramienta usada por el sistema autoritario para aferrarse al poder, irrespetando todos los principios constitucionales construidos para la conquista y la permanencia en el poder de manera civilizada, en el ejercicio de la política regida por principios y sometida al derecho.
¿Qué debemos hacer?
Ante un contexto como el descrito, surge el derecho a la reconstrucción de la sociedad venezolana, guiados por los principios más caros de la civilización occidental: el respeto a la soberanía popular, la libertad, los derechos humanos y la estructura que permite el funcionamiento de estos principios, es decir, la democracia. En términos kantianos, formularíamos esta necesidad como el retorno al imperativo categórico: el comportamiento a través de máximas valiosas que consideramos que deben ser leyes universales, a los fines de garantizar la dignidad y el respeto a la humanidad que nos habita, que son los fines primordiales de una organización política moralizada.
El derecho de la reconstrucción nos brinda las herramientas para pensar política y jurídicamente desde el futuro, es decir, trascendiendo lo contingente, lo accidental de nuestra historia actual. Nos permite retomar las fuerzas civilizatorias venezolanas, esas corrientes de la civilidad que se pueden rastrear en la historia, y ponerlas a tono con las exigencias de la moralidad pública de nuestros tiempos, exigencias que se pueden deducir por la pulsión cosmopolita de la razón política y jurídica, tal como lo formula Kant en Metafísica de las costumbres y en la Paz perpetua.
Los venezolanos contamos con un instrumento fundamental de la historia de la sensibilidad constitucional. En el Decreto de Garantías de 1863 se formulan las cuatro aspiraciones constitucionales y políticas del venezolano, mediante la técnica de los abolicionismos: el abolicionismo de la pena de muerte, de la esclavitud, de la prisión por deudas y de los delitos de prensa u opinión, que se venían gestando desde antes de la Independencia. Más adelante, se une el abolicionismo del estado confesional, que tuvo sus mayores consecuencias durante el guzmancismo, pero que ya había sido formulado de manera impecable por el jurista Julián Viso, en un proyecto de Constitución que publicó en la prensa cuando se eligió la Convención de Valencia en 1858.
Esas pulsiones históricas que habla muy bien de nuestra sensibilidad por la mayor conquista de humanidad en el espacio público, tienen su plataforma tanto en el sentido republicano que se inicia con la ilustración pre independentistas y que hoy es forma política incorporada al consciente colectivo; como en la cultura democrática, parte constitutiva del ser venezolano, compaginada los derechos que se derivan de la igualdad y la libertad.
Dentro de esas mentalidades del venezolano, es que se puede comprender el Derecho de la Reconstrucción, como disciplina política y jurídica.
Las dimensiones de la reconstrucción
Con el Derecho de la Reconstrucción, nos referimos a:
- Los principios y normas jurídicas necesarias para volver a construir la República y sus instituciones (el Estado), basado en el principio civilizatorio, es decir, la democracia y la garantía de los Derechos Humanos;
- los principios y normas que regulen la transición hacia un Estado basado en el Derecho, la democracia, que permitan la inclusión de la diversidad política, mediante el impulso de la negociación y transacción entre las fuerzas reales de poder; y
- las bases y fundamentos sobre los cuales debe construirse un Derecho realmente venezolano, que respete su historia, tradiciones y las fuerzas que la habitan, mediante el mayor consenso posible; que por una parte, respete los principios de la humanidad y que sus destinatarios lo sientan como de su propia creación para evitar el puro idealismo, la sensación de imposición y saboteo jurídico y las contradicciones entre las normas jurídicas y las tradiciones consideradas respetables y honestas (moralidad pública).
En las dos primeras dimensiones del Derecho de la Reconstrucción, hay una intensa relación entre política y derecho. El derecho es un instrumento de la política, para racionalizar las mejores decisiones posibles y para instrumentalizarlas, es decir, permitir su aplicación y ejecución, y hacer posible la estabilidad y la paz necesaria para la convivencia, el respeto de lo mío y lo tuyo, en términos kantianos, y que surja la unión civil, el Estado, luego de una crisis regresiva al estado de naturaleza, violento, inseguro, imprevisible, opaco, como la que hemos vivido en Venezuela.
Creo que uno de los aprendizajes de los venezolanos en los últimos años, es haber concientizado el valor, la necesidad e importancia que tienen los principios jurídicos, sobre todo los de carácter constitucional. Ya sabemos el peligro que encierra el irrespeto a la Constitución y la suplantación por caprichos personalistas, partidistas o cartelarios. Ese irrespeto nos regresa, tarde o temprano, a la imposición del más fuerte sobre el más débil, a la exclusión, a la deshumanización. De eso ya sabemos los venezolanos.
Los venezolanos tenemos derecho a la reconstrucción de nuestro país.
